Por Jorge Olmos Contreras
Por la gravedad del caso y porque no se trata de exhibir ni señalar a nadie, sino de exigir responsabilidad sanitaria de los involucrados, vamos a omitir los nombres del empresario y su familia que estuvieron de vacaciones en el pueblo de Vail, que se ubica al oeste de Colorado en los Estados Unidos, y que ha sido centro de contagios del COVID-19, mejor conocido como coronavirus.
Por Jorge Olmos Contreras
La auditoría que ordenó el gobernador a los últimos cinco años del ejercicio presupuestario del Fideicomiso de Turismo (FIdetur) de Puerto Vallarta, arroja las primeras irregularidades –entre muchas otras—como el contrato que firmó la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), apalancada financieramente con el Impuesto del 03 por ciento Sobre Hospedaje, con una supuesta agencia de publicidad y contenidos que grababa y difundía las convenciones que se realizaban en el Centro Internacional de Convenciones (CIC) con supuestos fines promocionales, pero que en realidad eran innecesarios.
Por Jorge Olmos Contreras
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro Jalisco, está permitiendo una serie de agresiones al entorno urbano alrededor de la carretera federal 200 al sur de Puerto Vallarta, justo donde el empresario Fernando González Corona construye un desarrollo turístico que ha sido considerado por algunos ecologistas como depredador del medio ambiente denominado “Garza Blanca”. En los kilómetros 205 + 770 al 206 +550 de dicha vía, en el año 2018, el gobierno federal que estaba en manos todavía del ex presidente Enrique Peña Nieto, autorizó una desviación de 780 metros del tramo carretero para favorecer al también ex alcalde panista.
Por Jorge Olmos Contreras
Luego de que el gobernador Enrique Alfaro ordenara una auditoría a los últimos cinco años de operación del Fideicomiso de Turismo (Fidetur) y a que anunciara que la recaudación del Impuesto del 03 por ciento Sobre Hospedaje –y por lo tanto el control administrativo—ya no lo hará el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, sino el gobierno del Estado, comenzó un movimiento inusual al interior del organismo; debido, entre otras cosas, a que el manejo de los recursos (unos 140 millones anuales) no ha sido del todo transparente y a ciertos abusos con el pago de salarios altísimos a sus directivos.
Por Jorge Olmos Contreras
Un caso más en que se ve involucrado el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, lo representa un oprobioso asunto en el que una abogada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de nombre Samantha Georgina Chávez está haciendo todo lo posible para evitar la entrega de tres niños a la abuela materna, madre de una joven que fue arteramente asesinada el año pasado por su pareja sentimental en la colonia El Caloso.