Por lo menos 10 personas físicas y morales están siendo favorecidas con cientos de miles de pesos en la adjudicación de compras de diversos insumos, servicios, materiales y obras en el Centro Universitario de la Costa, a través de un Comité de Compras que es agasajado con comidas en cada sesión y en dónde muchas de las veces sólo les pasan las actas para firmarlas, incluso, cuando algún miembro de este comité no acude a las reuniones, lo buscan donde esté para que les obsequie la firma y poder completar el documento, y así presentarlo después como “aprobado por unanimidad”.

Daniel Chávez Morán es el empresario que nadie quisiera tener como patrón, no al menos los ejecutivos de ventas que le ayudaron –en la década de los 80 y 90—a construir lo que hoy es uno de los emporios turísticos más importantes del país, los hoteles Mayan Palace que son operados por el Grupo Vidanta, también de su propiedad, a quienes les adeuda casi 30 millones de pesos por concepto de comisiones y “bonos de lealtad” desde hace más de cinco lustros.

De ser una mujer modosita, hija de papi, con cierta pulcritud política, de pronto se convirtió en la villana de esta historia, en la maléfica de Bahía de Banderas, donde lidera un grupo de abogados –varios de ellos con sendos cargos públicos, como la titular de la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit, María Lina Gutiérrez—que se han confabulado con el Juez Primero de lo Civil para tratar de quitarle un hijo al señor Hugo César Félix Villaseñor, ya sea por la fuerza o mediante la intimidación.

Por primera vez, un ciudadano se cansó del hostigamiento que sufría por parte del furtivo empleado de la CFE, Ulises Xavier Zaragoza –a quien le aplicó una multa de más de 100 mil pesos por supuestos “diablitos” en su medidor—y decidió denunciarlo ante la Secretaría de la Función Pública, en cuya acta se indica que este funcionario federal le pidió un “moche” de 300 mil pesos para “llegar a un arreglo” y disminuir la cantidad de la sanción.